Por Charo Valero y Amy Weintraub
El Miami Herald
Durante la pandemia de COVID-19, las barreras financieras, logísticas, estructurales y legales para la atención médica reproductiva se han agravado, y solo podemos imaginar la angustia de una paciente embarazada al enfrentarse a un diagnóstico fetal problemático. Pero la senadora Ana María Rodríguez, republicana por Doral, y la representante Erin Grall, republicana por Vero Beach, no muestran ninguna compasión. De hecho, con sus proyectos de ley complementarios para prohibir el aborto, el Proyecto de Ley del Senado 1664 y el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 1221, pretenden convertir en delincuentes a los médicos que brindan atención para abortos si saben que una paciente desea interrumpir un embarazo debido a un diagnóstico fetal. Sigue leyendo…
