Por CD Davidson-Hiers
Fénix de Florida
Una nueva ley estatal que destina fondos públicos a una red de los denominados “centros de crisis para mujeres embarazadas” está generando dudas sobre si el estado supervisará cómo estos centros —que no ofrecen servicios médicos, anticonceptivos, educación sexual ni abortos— tratan a las mujeres que acuden allí en busca de ayuda. Sigue leyendo…