Al momento de redactar este informe, la Legislatura de Florida asignaba 1,4 millones de dólares anuales de fondos públicos al Programa de Servicios de Apoyo al Embarazo de Florida. Ahora, destina 29,5 millones de dólares para obligar a las floridanas embarazadas a no buscar servicios de aborto. Los centros antiaborto reciben la mayor parte del dinero público a través de este programa y, en clara contravención de la ley, al parecer, estos centros hacen proselitismo mientras difunden información médicamente inexacta y peligrosa, todo para presionar a las embarazadas a llevar a término su embarazo.
Hasta que los contribuyentes puedan tener la seguridad de que estos centros cumplen con los estándares éticos de las instalaciones médicas autorizadas, ofrecen asesoramiento médico sólido y no causan daños, el estado de Florida debería abstenerse de financiar directa o indirectamente centros de embarazo antiaborto.
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