Los estados del sur canalizan fondos públicos a clínicas de aborto falsas.

En todo el país, 14 estados, incluido Florida, envían dinero de los contribuyentes a los llamados “centros de crisis de embarazo”, que se hacen pasar por instalaciones médicas legítimas, pero que existen para disuadir a las personas de buscar un aborto, a menudo proporcionándoles información falsa.